Las manifestaciones contra un contrato con una minera canadiense en Panamá, que partieron hace más de una semana, llegaron por mar a la cuestionada mina a cielo abierto situada en la costa del Caribe.
Una decena de lanchas con manifestantes que alzaban banderas panameñas se aproximó hacia el muelle de Puerto Rincón, aledaño a la mina de cobre más grande de Centroamérica, operada por la compañía canadiense Firts Quantum Minerals, según imágenes divulgadas por medios locales y las redes sociales.
La minera, que exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre desde Puerto Rincón, afirmó que la protesta representa una "amenaza" a sus operaciones y a la seguridad de su personal.
First Quantum "condena el intento ilegal y violento que está ocurriendo en estos momentos, cuando embarcaciones no autorizadas con personas sin autorización están ingresando al Puerto Internacional de Punta Rincón", dijo la empresa en un comunicado.
Este incidente "representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal", añadió, junto con pedir a las autoridades panameñas "salvaguardar" al personal, las instalaciones y las operaciones comerciales de la mina.
También fueron convocadas marchas este sábado en la capital, situada en la costa del Pacífico, donde caía un aguacero por la tarde.
Desde hace ocho días miles de panameños marchan diariamente para exigir la anulación del contrato minero, aprobado por el Congreso el 20 de octubre y promulgado el mismo día por el presidente Laurentino Cortizo.
En un intento por detener las protestas, Cortizo anunció el viernes una prohibición a nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con la canadiense.
Al inicio en las marchas participaban principalmente trabajadores convocados por el poderoso sindicato de la construcción, pero se fueron sumando maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos, religiosos, transportistas y empleados de otros sectores.
Durante toda la semana hubo bloqueos de calles en la capital y otras ciudades, incluida en la carretera Interamericana que comunica al país con el resto de Centroamérica.
Las clases estuvieron suspendidas toda la semana y en algunas zonas se han registrados choques entre policías y manifestantes.
El gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Además, la empresa y el gobierno señalan que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20.
La mina esta situada en una remota zona del Caribe, a 240 km por ruta desde la capital, y entró en operaciones en febrero de 2019.
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