Mientras las autoridades de los estados australianos se debaten entre extender o reducir las restricciones por el temor a nuevos brotes y contagios de coronavirus, el gobierno intenta acelerar el proceso de vacunación que hasta ahora ha avanzado lentamente, además de evidenciar diversos problemas.
El 21 de febrero de 2021 se inoculó la primera persona en el país. A más de cinco meses del inicio del proceso se han administrado más de 8,2 millones de dosis entre la población. Si bien esta parece una cifra importante, en comparación a otros países desarrollados Australia se ha quedado relegada en la inoculación de sus habitantes, pues solo el 7,3 por ciento ha recibido las dos dosis completas de las vacunas contra el coronavirus.
Los nuevos brotes de COVID-19, especialmente los que contienen la variante Delta, han empujado a las autoridades a buscar nuevas soluciones para apresurar el proceso vacunatorio. Una de estas medidas ha sido implementar la obligatoriedad de la vacunación entre los trabajadores del cuidado de los ancianos ante el temor de una crisis de infecciones entre la vulnerable población de la tercera edad.
Puntos destacados:
- Más de 8,2 millones de dosis de vacunas se han administrado en Australia, mientras que solo el 7,3 por ciento de la población ha recibido las dos dosis necesarias para inmunizarse contra el coronavirus.
- El gobierno ha ordenado la vacunación de los trabajadores de centros de ancianos y ha informado que el personal no podrá trabajar en el sector si no tiene la primera dosis antes de septiembre.
- "El gobierno no dio soporte necesario a los grupos que trabajan con los ancianos", dice el experto en bioética Diego Silva.
Para el experto en bioética y profesor de la universidad de Sídney, Diego Silva, son diversos los factores que deben considerarse para explicar la lentitud en el proceso vacunatorio en Australia. Uno de ellos es la priorización en la compra de la vacuna de Astra Zeneca sobre otras existentes que no han presentado efectos adversos.
Los efectos secundarios que algunas personas han tenido luego de inocularse con estas dosis de Astra Zeneca, si bien son extremadamente raros, han afectado la confianza de la población en esta vacuna.
"Luego del riesgo de la vacuna de Astra Zeneca en algunas personas, nos quedamos sin vacunas. No teníamos los contratos en general para traer la vacuna de Pfizer. Ese es el principio del problema", dice Silva a los micrófonos de SBS Spanish.
A pesar de esto, Silva cree que las vacunas de Pfizer, Astra Zeneca y Moderna han demostrado mayor eficacia que las vacunas de otros laboratorios, particularmente las producidas en China y en Rusia.
"La vacuna china y la rusa no tienen la eficacia de las vacunas de Pfizer, Astra Zeneca y Moderna. Para mí tiene sentido dar la prioridad a estas vacunas. Tenemos los estudios y la información sobre estas vacunas".
"Pero para mí la cosa peor es que se haya puesto tanto esfuerzo en comprar mayormente la vacuna de Astra Zeneca", dice el experto en bioética.
Para Diego Silva, los mensajes confusos del gobierno y la opacidad en los contratos con las farmacéuticas también han sido un factor que ha hecho crecer la desconfianza en las personas al momento de decidir vacunarse.
"El gobierno antes decía que la vacunación no era una carrera, sin embargo, ahora está preocupado por el lento avance del proceso", explica Silva.
"Es un problema que tampoco se revelen los contratos (con las farmacéuticas) por 'motivos de seguridad nacional". No creo que se deba revelar todo del contrato, pero sí más de lo que se está haciendo".
"Para mí hay que darle más información al público australiano sobre los contratos de vacunación. Es mucha plata y muy importante el tema para que los gobiernos digan simplemente 'confía en nosotros' porque queremos tu bienestar", dice el profesor de la Universidad de Sídney.
Respecto a la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 exigida ahora a los trabajadores de los centros de ancianos, Silva considera que es un error hacerlo y que antes el gobierno debería preguntarse por qué estas personas no se han vacunado.
"Lo que hay que hacer es preguntarnos por qué hay tanta gente que está trabajando con los ancianos que no se están vacunando. Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, después de eso vemos si hacemos obligatoria la vacuna".
Silva cree que el gobierno no ha hecho suficiente para que estas personas acudan a vacunarse. Menciona la falta de apoyo si es que suceden efectos secundarios, la ausencia de una paga por el tiempo invertido en acudir a un centro de vacunación, entre otros factores.
"El gobierno no dio soporte necesario a los grupos que trabajan con los ancianos".
"El soporte es lo primero, luego, si eso no resulta, se puede pensar en hacer la vacunación obligatoria", concluye Silva.
Respecto a las bajas tasas de vacunación entre las poblaciones migrantes, el experto en bioética cree que existe un problema de comunicación de las políticas públicas para las personas cuya primera lengua no es el inglés, pero sobre todo, considera que existe una falta de confianza de los migrantes en el gobierno, pues las autoridades no se han preocupado de construir esa confianza en tiempos normales, por lo que en tiempos de emergencia no pueden esperar que estas poblaciones confíen en autoridades que los han dejado de lado constantemente.
"Va a ser difícil tener la confianza de las comunidades migrantes en las emergencias cuando no trabajas con ellos en los momentos cotidianos", dice Diego Silva.
Escucha la entrevista con el experto en bioética, Diego Silva, presionando en el ícono en la imagen principal.
