En las impresionantes montañas remotas del valle de Intag en el norte de Ecuador, se está gestando una batalla.
Estos bosques vírgenes, hogar de una de las mayores biodiversidades en el mundo, se han visto amenazados por trasnacionales mineras que han querido explotar las riquezas de la zona durante los últimos 25 años.
Pero la comunidad de Intag no se rinde, y se mantienen al pie de lucha contra las compañías mineras que se encuentran explorando la zona.
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Entre las mineras australianas que se encuentran operando en el norte de Ecuador están incluidas BHP Billiton, Hancock Prospecting de Gina Rinehart, Andrew 'Fortigues' Fortescue Metals Group de 'Twiggy' Forrest, junto con Newcrest Mining y Solgold.
El gobierno ecuatoriano le ha dado concesiones éstas y a otras mineras latinoamericanas y norteamericanas que, según líderes comunitarios, han ocasionado todo tipo de estragos sociales y medioambientales.
Muchos lugareños consideran que la actividad minera no ha sido controlada o regulada adecuadamente por las autoridades, por lo que temen que perderán sus hogares y su sustento.
El investigador australiano Anthony Amis, del Rainforest Action Group, considera que la consulta comunitaria por parte del gobierno fue limitada.
"El gobierno ecuatoriano ha otorgado la aprobación para explotar un tercio del país sin una consulta adecuada. Entonces, lo que sucedió es que las empresas se sintieron atraídas por esas ofertas, pero en su apuro por aprobar estas concesiones mineras, el gobierno ecuatoriano pisoteó sobre los derechos de muchas de las comunidades que tendrán que vivir en estas áreas afectadas".
El caficultor Carlos Zorrilla, de 68 años, ha liderado la lucha de la comunidad contra la minería por más de dos décadas. El gobierno ecuatoriano otrogó a BHP una concesión para explorar el cobre en parte de su propiedad de 28 hectáreas.
Zorrilla asegura a SBS Spanish que muchos en su comunidad se oponen a las minas y temen que sus impactos acaben con las industrias agrícolas locales y de ecoturismo que han construído por años.
Es por eso que la comunidad no ha dejado de tomar acciones legales contra las mineras que consideran podrían resultar exitosas, y están llevando a juicio al gobierno ecuatoriano por actuar de forma inconstitucional.
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