Ecuador es uno de los destinos más codiciados por las mineras que extraen cobre, entre ellas las gigantes australianas. Un informe de la consultora Fitch Solutions Macro Research señala que la expansión de la minería puede aumentar las tensiones entre las empresas y las comunidades locales en Ecuador, como ya ha sucedido en otros países de la región.
Pero además, en Ecuador los tribunales se han alineado con las comunidades rurales indígenas y en dos casos recientes, los fallos indican que el Ejecutivo de Quito no ha informado correctamente que estaba destinando parte de sus territorios a la explotación minera en un contexto en que los derechos de estos pueblos está protegido por la Constitución de 2008.
En Ecuador se levanta el valle de Intag, situada en la cuenca del río Intag y parte del río Guayllabamba. Intag limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas ─la mayor reserva protegida del occidente ecuatoriano─ y abarca cerca de 60 000 hectáreas de bosques primarios conservados. Intag está en un área considerada como una de las más biodiversas del mundo que está poblado de bosques vírgenes e impolutos.
Aunque ya, hace unos veinte años, Bishmetals, filial de Mitsubishi Corporation, comenzó un proyecto cuprífero que se tradujo en la deforestación, la contaminación de los ríos con minerales pesados, la puesta en peligro de la fauna, el desplazamiento de comunidades y un aumento del crimen, según denunció en 2017 el HuffPost.
El gobierno de Ecuador ha otorgado varias concesiones mineras en el país, en donde el conflicto detonado por la oposición a estas actividades ha llegado a los tribunales.
“La gente se alarma cuando se da cuenta que es el 80 % del territorio el que está concesionado y que solo una o dos comunidades se escapan de estas concesiones”, aseguró el año pasado Carlos Zorrilla, director Ejecutivo y fundador de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y habitante del lugar.
Solamente en el norte de Ecuador hay muchas empresas australianas que desarrollan sus proyectos mineros. Entre ellas están la anglo-australiana BHP Billiton, así como Hancock Prospecting de Gina Rinehart y Fortescue Metals Group de Andrew ‘Twiggy’ Forrest. Asimismo se cuentan a Newcrest Mining y Solgold.
BHP tiene una concesión para la exploración de cobre en una zona que abarca la propiedad de 70 acres del campesino cafetero Carlos Zorrilla.
El agricultor ecuatoriano de 68 años de edad, quien lidera el movimiento de las comunidades de Intag contra las empresas mineras australianas, considera que la explotación de recursos en ese lugar es “criminal”.
Carlos Zorrilla is leading community resistance to the mining projects in northern Ecuador. Source: Supplied
“Muchas especies están en peligro de extinción. Eso para mí es criminal”, dijo a SBS.
Zorrilla asegura que la mayoría de los comuneros se oponen a las minas y temen por el impacto de la explotación minera en sus actividades agrícolas y en la industria del eco-turismo.
“Es mi comunidad, biológica y social. Me gusta el lugar, quiero vivir aquí, quiero que mis hijos vivan aquí y tengan por seguro que voy a defenderlo hasta las últimas consecuencias”, comentó el caficultor.
Además del peligro que corren los anfibios, aves y otros mamíferos de esas montañas boscosas, las comunidades han detectado las consecuencias ambientales severas sobretodo generada por las actividades de exploración del proyecto Llurimagua, especialmente a lo que se refiere a la calidad del agua, informaba el año pasado la periodista Isabel Riofrío en el portal Mongabay.
Riofrío daba cuenta que las comunidades, con el apoyo del investigador William Sacher, de la Universidad Andina Simón Bolívar, realizaron un monitoreo participativo del agua en la Reserva Comunitaria de Junín.
“El estudio mostró que el río Junín tiene altos niveles de metales pesados como arsénico, manganeso y zinc ─los cuales son peligrosos para la salud humana y animal en altas concentraciones─, una coloración marrón en el agua de las Cascadas Gemelas desde el 2016 y contaminación crónica de las fuentes de agua del lugar luego que se destaparan los pozos que dejó hace años la minera japonesa BishiMetals”, detalló la periodista en ese informe del año pasado.
Por su lado el investigador australiano Anthony Amis de la ong Rainforest Action Group comentó que las consultas con las comunidades fueron limitadas.
“El gobierno ecuatoriano ha dado luz verde a la minería en un tercio del país sin realizar una consulta adecuada. Lo que está pasando es que las empresas han llegado atraídas por estas ofertas, pero en el apuro por aprobar estas concesiones mineras, el gobierno de Ecuador ha pisoteado los derechos de muchas comunidades que tienen que vivir en esas áreas impactadas”, comentó Amis a SBS.
Al norte de la zona, cerca de la frontera con Colombia, Ecuador ha desplegado a unos 2,000 soldados para expulsar a aquellos que quieren realizar minería ilegal en parte del territorio que se ha otorgado en concesión a la empresa de Gina Rinehart.
Los activistas ecológicos apuntan que el incremento del número de pandillas criminales, así como la minería ilegal, muestra la incapacidad del gobierno ecuatoriano de regular la industria. También denota, como afirma Amis, lo que hace Ecuador para proteger a la industria.
A subsidiary of Gina Rinehart's Hancock Prospecting is operating in Ecuador. Source: AAP
SBS News le preguntó a las empresas australianas que explotan recursos en Ecuador sobre las consultas comunitarias y ellos estudios de impacto ambiental. Solgold respondió que la empresa fue más allá de los requerimientos legales y ambientales fijados por el gobierno ecuatoriano, mientras las otras mineras no han respondido aún.
SBS también consultó con el gobierno ecuatoriano, quien tampoco ha respondido al cuestionario.
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