Los organizadores de la protesta de “Sydney Black Lives Matter” están determinados a realizar su protestas este martes a pesar de que se pronostica una jornada de intensas lluvias y tras haber perdido una apelación contra un fallo del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur que prohibió la manifestación callejera.
El tribunal aceptó el domingo el argumento de la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW, siglas en inglés), que advertía de la posibilidad de que se diera una transmisión local de COVID-19 como consecuencia de esta protesta en el corazón de la ciudad.
El Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur rechazó el lunes por la tarde una impugnación de los organizadores al fallo del Supremo que se basaba principalmente en el argumento de que el juez Mark Ierace no tenía autoridad para prohibir la protesta.
Puntos destacados:
- Los organizadores de la protesta de “Sydney Black Lives Matter” están determinados a realizar su protestas este martes a pesar de que se pronostica una jornada de intensas lluvias y tras haber perdido una apelación contra un fallo del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur que prohibió la manifestación callejera.
- Los organizadores del “Sydney Black Lives Matter” entregarán una petición firmada por 90,000 personas al Parlamento estatal, pidiendo justicia para el indígena David Dungay Jr., aunque siguen dispuestos a suspender la manifestación del martes si el gobierno de Nueva Gales del Sur anuncia una investigación sobre la muerte de este joven indígena.
- En Australia, se puede detener a niños de tan sólo 10 años y es una política que afecta de manera desproporcionada a los niños indígenas.
El presidente de los magistrados, Tom Bathurst, quien analizó el caso junto a los jueces Andrew Bell y Robert Macfarlan, no emitió ninguna orden sobre los costes legales al considerar que la impugnación era un asunto de importancia pública que implicaba una legislación compleja.
El tribunal emitirá más adelante los argumentos de su decisión.
Un reclamo por David Dungay Jr y los centenares de indígenas muertos bajo custodia
A pesar de que el Tribunal de Apelación de NSW no les dio la razón, los organizadores de la protesta todavía planean seguir adelante con ese acto público, que se celebrará en el Domain de Sídney, en lugar del Ayundamiento o Town Hall.
Los organizadores del “Sydney Black Lives Matter” entregarán una petición firmada por 90,000 personas al Parlamento estatal, pidiendo justicia para el indígena David Dungay Jr, quien murió en una prisión de Sídney en 2015 mientras estaba bajo la tutela de las autoridades del país.
"Aunque la Policía y el Gobierno de Nueva Gales del Sur han intentado silenciar a los pueblos de las Primeras Naciones una vez más, no vamos a quedarnos callados", dijo a SBS News el organizador Paul Silva, sobrino de Dungay.
La familia de Dungay ha pedido que la gente que asista a la manifestación se atenga a los protocolos de seguridad de COVID-19. Asimismo se ha instado a los participantes a llevar mascarillas y desinfectantes de manos.
Los organizadores pedirán a los asistentes que registren su asistencia en línea para permitir la localización de contactos.
Alrededor de 1,400 personas se han registrado en Facebook, y otras 3,400 están interesadas en participar.
Christine Dungay with her daughter Dorothy, at the Kempsey Black Lives Matter Rally. Source: Christine Dungay
Las autoridades alertan de multas de $1,000
La premier de NSW, Gladys Berejiklian, advirtió que cualquiera que se considere que desafía una orden de salud implementada por coronavirus se enfrentará a una multa de 1,000 dólares.
"Si estamos tomando las medidas adecuadas para decir dentro de las actuales leyes COVID-19, como el distanciamiento social en grupos de 20, no hay razón para que la policía de NSW intervenga y emita multas a los asistentes", remarcó por su lado Silva.
También confirmó que los organizadores siguen dispuestos a suspender la manifestación del martes si el gobierno de Nueva Gales del Sur anuncia una investigación sobre la muerte de Dungay.
El ministro de policía de Nueva Gales del Sur, David Elliott, acogió con satisfacción la decisión del Tribunal de Apelación e instó a la gente a mantener la distancia física requerida.
"El Gobierno de Nueva Gales del Sur insta tanto a los organizadores como a cualquier persona que piense en asistir a la manifestación a que se mantengan alejados, respeten la ley y consideren seriamente las consecuencias de sus posibles acciones", dijo Elliott en un comunicado.
Tane Chatfields parents Colin and Nioka Chatfield pose for a photograph outside the inquest into Tane Chatfields death in custody. Source: AAP
Australia pone tras las rejas a los niños de diez años
En Australia, se puede detener a niños de tan sólo 10 años y es una política que afecta de manera desproporcionada a los niños indígenas.
Australia ha sido criticada por la ONU por tener una de las edades más bajas de responsabilidad penal en comparación con muchas otras naciones desarrolladas y la presión pública está creciendo para que los líderes de la nación eleven la edad de 10 a 14 años.
Según datos oficiales, entre 2016 y 2017 se presentaron ante los tribunales de Australia más niños indígenas de entre 10 y 14 años de edad que niños no indígenas: 2.463 frente a 1.752, y esto sin incluir las cifras de Australia Occidental, donde las probabilidades de que los niños de este colectivo sean encarcelados son 52 veces mayores que las de sus pares no indígenas.
Durante su visita en 2019, la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió a Australia elevar la edad de responsabilidad criminal.
El Consejo de Fiscales Generales acordó examinar la posibilidad de elevar la edad de responsabilidad penal de Australia en 2018 y está previsto que se revise la cuestión en una reunión esta semana con aportaciones estatales y federales.
Roxanne Moore, una mujer Noonga y representante de los Servicios Legales Nacionales para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, enfatizó que los niños indígenas son criminalizados en tasas mucho más altas que los niños no indígenas.
"Los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres son criminalizados por cosas como robar una barra de chocolate o pan. Sabemos que eso está relacionado con la desventaja que experimentan nuestros niños y que son los niños vulnerables, realmente jóvenes, los que se ven atrapados en las arenas movedizas del sistema de justicia", precisó Moore.
Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, entre 2018 y 19 años había casi 600 niños de 10 a 13 años detenidos. Más del 60% eran aborígenes o isleños del Estrecho de Torres.
La tasa de encarcelamiento de jóvenes indígenas en el Territorio del Norte es 43 veces mayor que la de los niños no indígenas y 17 veces mayor que la tasa nacional, según un nuevo análisis del Consejo Asesor de Sentencias de Victoria.
Indigenous man Keenan Mundine is among those campaiging for Australia to lift the age of criminal responsibility. Source: SBS
Pese a las pequeñas conquistas, hay una tarea pendiente inmensa
En Australia se ha pedido la aplicación de las 339 recomendaciones de la Comisión Real sobre las Muertes de Aborígenes en Detención, de casi 30 años de antigüedad. En ese informe se sugiere que la detención y la prisión sean el último recurso, así como se piden prácticas policiales y penitenciarias más seguras, investigaciones independientes sobre las muertes en detención y la autodeterminación de los aborígenes.
En este contexto hay una creciente preocupación por la vida de las personas de las Primeras Naciones en las prisiones, ya que COVID-19 ha comenzado a extenderse en las instituciones y centros de detención de jóvenes en Victoria.
Los indígenas australianos reclaman por las centenares de muertes de indígenas bajo custodia de las autoridades australianas. Solamente en este año se han registrado cinco fallecimientos en estas condiciones, dos de ellas el mes pasado.
Pero en las últimas décadas, el gobierno australiano ha recortado o retirado los fondos de las organizaciones indígenas que habrían contribuido a la implementación de las recomendaciones de la Comisión real, según un artículo en The Conversation de las expertas en leyes y derechos indígenas Thalia Anthony, de la UTS, Annette Gainsford y Juanita Sherwood, ambas de la Charles Sturt University.
Las expertas señalan que a pesar de que está pendiente una gran reforma estructural, se han dado algunos avances como el compromiso este mes del gobierno de Australia del Sur para financiar un servicio de notificación de custodia que garantice que todos los aborígenes tengan acceso a una llamada a los Servicios Jurídicos para Aborígenes.
Otra victoria ha sido el inicio de una investigación parlamentaria en Nueva Gales del Sur sobre cómo se investigan las muertes indígenas bajo custodia.
Asimismo, ministro federal de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, se ha reunido con las organizaciones aborígenes más importantes para discutir la incorporación de objetivos de justicia en las nuevas medidas de "Closing the Gap" (Cerrando la brecha), aunque estos aún no limitan los poderes de la policía y el excesivo control discriminatorio de los adultos y niños indígenas.
Las tres investigadoras recalcan que se requiere un cambio urgente y sistémico para contrarrestar décadas de poderes policiales ampliados en Nueva Gales del Sur y corregir la falta de responsabilidad por las 438 muertes de indígenas que se han producido en custodia desde 1991, así como las 99 muertes investigadas por la comisión real.
“Por un lado, la policía tiene un poder considerable en Australia para influir en la toma de decisiones a nivel parlamentario y en la forma en que los medios de comunicación sensacionalistas informan sobre la actividad policial….y por otro, ha habido un silencio nacional sobre la violencia policial racializada y las muertes bajo custodia de personas de las Primeras Naciones”, precisaron las tres académicas.
