En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consejo Jurídico de Australia le pedía al gobierno que reevalúe su detención obligatoria e indefinida de los no ciudadanos que no tienen un visado válido, es decir, buscadores de asilo y refugiados principalmente.
Esta política, concebida originalmente como una medida temporal y excepcional, se ha venido aplicando durante decenios y ha dado lugar a períodos prolongados de detención para demasiadas personas que no suponen un riesgo para la salud o la seguridad de la comunidad.
La presidenta del Consejo Jurídico, Pauline Wright, dice que esa detención es arbitraria y contraria a las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos.
Pero hay otros temas que preocupan. En Australia, niños de tan sólo diez años pueden ser considerados responsables penales de sus actos frente a la ley.
Esto significa que pueden ser arrestados por la policía, puestos en prisión preventiva, condenados por los tribunales y encarcelados.
Esto está seriamente fuera de sintonía con las normas internacionales. En 2019, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño recomendó 14 años como edad mínima de responsabilidad penal.
Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, en 2018-19, 773 niños menores de 14 años fueron objeto de órdenes judiciales que requerían la supervisión en la comunidad por parte de funcionarios de la justicia de menores.
Más de 570 fueron puestos en detención de menores. Alrededor del 65% de estos dos grupos eran niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
Sobre estos temas conversamos con eldirector ejecutivo de STARTTS, Jorge Aroche, y con el experto en derecho internacional y derechos humanos de la Universidad de Nueva Gales de Sur, Lucas Lixinski.
