Sinopsis
La defensa del presidente de Perú Pedro Castillo presentó un recurso que busca anular la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal general peruana, Patricia Benavides, en la que acusa al mandatario de corrupción.
Según la fiscal, el presidente Castillo dirige una red de corrupción y lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, integrada por su entorno familiar y político.
Por tanto, la fiscal elevó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente izquierdista y allegados de su gobierno por presuntamente formar parte de una organización criminal que era dirigida desde el palacio presidencial.
Las acciones contra Castillo están basadas en gran parte en testimonios de personas allegadas y que ahora son colaboradoras de la Fiscalía. De esa supuesta red de corrupción formarían parte familiares del presidente, como su esposa, tres cuñados y dos sobrinos, y antiguos amigos suyos que, además, en algunos casos, fueron financistas de su campaña electoral.
Mientras tanto, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, remitió al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de tutela de derechos para que un juez determine improcedente la denuncia constitucional contra el presidente.
Pedro Castillo es el primer mandatario en funciones de Perú en enfrentar múltiples investigaciones fiscales y una denuncia constitucional.
