Michaela Banerji argumentó que había sido despedida ilegalmente en 2013, de lo que entonces era el Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza.
Ella había abierto una cuenta en la red social bajo el nombre de LaLegale, que con frecuencia publicaba opiniones críticas con el Gobierno australiano, sus políticas de inmigración y el trato que da a los inmigrantes detenidos.
Banerji fue despedida de su cargo por infringir el Código de Conducta de la Administración Pública Australiana (APS por sus siglas en inglés), después de que una investigación interna la vinculara a la cuenta de Twitter.
La ex funcionaria llevó su caso ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas, que determinó que su despido había impedido su derecho implícito a la libertad de comunicación política.
Sin embargo, ayer miércoles, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad que no era así y que el código APS era proporcional a su propósito de mantener un servicio público apolítico.
Elaine Pearson, directora australiana de Human Rights Watch declaró que "el gobierno australiano debe tener cuidado de proteger las libertades democráticas del país, especialmente el derecho a la libertad de opinión y expresión."
Este caso se da luego de que también se despidiera al jugador de Rugby, Israel Folau, por sus comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ, que él mismo define como una postura religiosa.
Pero, ¿qué consecuencias tienen estos fallos para la libertad de expresión en Australia? Esa pregunta se la trasladó Carlos Colina al abogado en Sídney, Carlos Bielli.
