Sinopsis:
Desde hace un año El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como una moneda de curso legal, una especie de laboratorio de los criptoactivos y la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.
Cuando el país centroamericano lo adoptó como moneda, el precio del bitcoin superaba los 64.400 dólares estadounidenses, y ahora no supera los 19.000 dólares.
Hace un año, a través de anuncios de radio y televisión, el presidente Bukele informaba de los beneficios de legalizar la criptomoneda y anunciaba que enviaría la propuesta de Ley Bitcoin, la cual fue aprobada sin estudio ni discusión por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo.
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Con la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin y para popularizar el uso de la criptomoneda, el gobierno de Bukele creó la billetera Chivo. Tras su lanzamiento, cientos de personas hicieron largas filas para retirar un bono de $30 del cajero Chivo. Incluso se creó una aplicación para trasferencias electrónicas desde un teléfono inteligente.
Además de la creación de la billetera digital para entregar un bono a los usuarios, en estos 12 meses, el gobierno de Bukele ha hecho numerosos anuncios en Twitter relacionados con la adopción de esta criptomoneda, como la compra de 2.381 bitcoins por un valor superior a los 100 millones de dólares.
Luego, en una fiesta playera para "bitcoiners", a finales de noviembre pasado, el presidente Bukele informó que lanzaría un bono por $1,000 millones en bitcoins para construir Bitcoin City, cerca del golfo de Fonseca; mismo que funcionará con energía del volcán Conchagua, en el oriente del país.
Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha pedido la derogación en El Salvador de la Ley Bitcoin por los «grandes costos» y la falta de beneficios que tiene para la población.
La organización señala que la Asamblea Legislativa aprobó 225 millones de dólares para la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y apunta que “es alarmante que, un año después, no se haya publicado el detalle de cómo se han manejado esos recursos públicos”.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales la adopción del bitcoin ha provocado dificultades serias para que el gobierno salvadoreño acceda a fuentes para financiar el déficit fiscal y ha citado como ejemplo un acuerdo de servicio ampliado por 1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no se ha podido cerrar con el gobierno de El Salvador.
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