Fiona (nombre ficticio) llegó a Australia desde Nueva Zelanda como mochilera cuando tenía 19 años. Aquí, conoció a un hombre, se casó y tuvo dos hijos. La violencia doméstica comenzó después del nacimiento de su primer hijo, y Fiona la soportó durante varios años.
En 2017, cuando sus hijos tenían ocho y diez años, Fiona reunió las fuerzas para dejar a su marido. Al no ser ciudadana australiana, descubrió que no era elegible para recibir asistencia del gobierno, por lo que Fiona regresó a Nueva Zelanda en busca de protección y apoyo.
Su esposo actuó de inmediato para que los niños regresaran a Australia y, como ciudadano, recibió asistencia legal gratuita del gobierno. Fiona recibió la orden de devolver a sus hijos a Australia.
Esto sucedió porque, según el derecho internacional, el caso de Fiona se considera "secuestro de niños". En virtud del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños de 1980, se considera que un niño es "secuestrado" si uno de sus padres lo retira sin el consentimiento del otro.
La Convención se redactó a fines de la década de 1970 para tratar los casos de padres que secuestraba a sus hijos y cruzaba fronteras después de perder la custodia, o creer que la podría perder. Nunca fue pensada para que se aplicara a casos que involucran a madres que huyen de la violencia doméstica.
La Convención no hace mención de la violencia doméstica y no tiene protecciones para las madres maltratadas. A pesar de esto, durante las últimas dos décadas, el 70% de los casos de La Haya han involucrado a madres que huían de la violencia doméstica. Cuando esta ley se aplica a tales casos, los resultados pueden ser catastróficos para las mujeres y los niños maltratados.
Resultados catastróficos
El tribunal de familia de Sídney, en 2008, ordenó a una mujer de 24 años que devolviera a sus dos hijos pequeños al Reino Unido, donde habían nacido. La mujer había huido con sus hijos a Sídney, donde vivía su familia, después de años de abuso. Poco después de su regreso, huyó nuevamente a un refugio con sus hijos. En el camino, fue brutalmente asesinada por su ex marido, en medio de la calle, frente a sus hijos y su madre.
Cuando se redactó la Convención, se asumió que los secuestradores eran cuidadores no primarios que tomaban la ley en sus manos después de haber perdido una batalla de custodia. Pero ahora se ha reconocido que la mayoría de los llamados “secuestradores” son las madres y además principales cuidadoras de los niños.
La Convención es el principal acuerdo que cubre el secuestro internacional de menores por parte de los padres. Proporciona un proceso expedito para que un niño regrese a su país de origen. Un niño debe haber sido secuestrado o retenido en un país miembro del Convenio de La Haya para que el proceso funcione. Casi 100 países, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos, son signatarios.
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La Convención entró en vigencia en Australia en 1987. Se implementa a través de la Ley de Ley de Familia de 1975 y las Regulaciones de la Ley de Familia de Australia (Convención de Sustracción de Menores) de 1986. La Autoridad Central de Australia, que forma parte del departamento del Fiscal General, maneja todos los casos de sustracción internacional de menores por parte de los padres hacia y desde Australia. Sus poderes se derivan de la Convención y el Reglamento es estrictamente aplicado por los tribunales en todos los casos.
Algunas excepciones en el Reglamento de Australia pueden ser planteadas en casos de secuestro relacionados con la violencia doméstica. Pero abogados entrevistados por la investigadora Gina Masterton, han dicho que el tribunal ha colocado el listón tan alto, que los requerimientos son demasiado difíciles de cumplir. Además, la prueba del "interés superior del niño", que se aplica en los casos de derecho australiano de familia, no es la prueba aplicada en los casos de La Haya.
Al marido de Fiona se le proporcionó representación legal gratuita. Los experimentados abogados trabajaron con sus contrapartes en Nueva Zelanda para devolver a los niños a su padre a Australia y la Corte de Familia de Nueva Zelanda cooperó ordenando el regreso de los niños.
Fiona explicó a la investigadora que la Convención "discrimina a las madres y los niños... y que los jueces y abogados no consideran realmente la violencia doméstica que han sufrido las madres y que los niños han presenciado".
Fiona y los niños regresaron con sólo una bolsa de ropa. Ella recibió un pequeño pago de asistencia familiar de Centrelink porque los niños eran ciudadanos, pero no ayuda para viviendas públicas, acceso a servicios comunitarios o representación legal gratuita.
La madre de Fiona tuvo que mudarse de Nueva Zelanda a Brisbane para apoyar a su hija y a los niños económica, emocional y físicamente. Después de un año, la Corte de Familia de Brisbane otorgó al esposo de Fiona la responsabilidad paterna total de los niños. Fiona regresó a Nueva Zelanda, quebrantada y devastada.
Hasta el día de hoy, ella sobrevive gracias a la generosidad de las mujeres con las que se hizo amiga en las redes sociales, que también perdieron a sus hijos por parejas abusivas. Ella todavía está siendo abusada financiera y emocionalmente por su ex, y lucha con la ansiedad y la depresión.
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