por Mathieu GORSE
El Tribunal Supremo juzgará a partir de este martes en Madrid a doce dirigentes independentistas por su infructuoso intento de secesión de Cataluña en octubre de 2017, un proceso histórico que desde antes de comenzar ha polarizado a España.
El proceso, retransmitido en directo por la televisión pública nacional y para el que se han acreditado más de 600 periodistas de 150 medios, podría durar unos tres meses. Se espera que el Supremo dicte sentencia dos o tres meses después del final de las audiencias.
La fiscalía ha pedido hasta 25 años de prisión contra los acusados, doce en total, responsables en el momento de los hechos del ejecutivo y el parlamento regionales, así como de las influyentes asociaciones separatistas ANC y Òmnium Cultural.
El principal ausente será el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Y es que la justicia española no juzga en ausencia en el caso de delitos graves.
Entre los que se sentarán en el banquillo de los acusados, nueve están acusados de rebelión, agravada del delito de malversación para seis de ellos. Llevan meses en prisión preventiva, algunos incluso más de un año, como el ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras.
Los otros tres, en libertad condicional, están acusados de desobediencia y malversación de caudales públicos.
Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.
Horas más tarde, el gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, quien comparecerá como testigo, destituyó en bloque al ejecutivo de Carles Puigdemont, disolvió el parlamento catalán y suspendió la autonomía de la región.
- La rebelión, un cargo controvertido -
La cuestión central del proceso será si hubo violencia, y es que según el Código Penal, esta noción es básica para sostener la acusación de rebelión.
Durante la declaración fallida de independencia no se emplearon armas ni se llamó a la lucha armada o violenta.
Pero la fiscalía considera que sí hubo violencia, y argumenta que los independentistas "contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido".
Y añade la fiscalía que los acusados de rebelión "llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada del referéndum del 1-O (1 de octubre), siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas".
Una argumentación rechazada de plano por los separatistas, que por el contrario denuncian la violencia policial del día del referendo, en el que las imágenes de guardias civiles y policías nacionales golpeando con porras o empujando a los manifestantes dieron la vuelta al mundo.
Los juristas están divididos, hasta el punto que la Abogacía del Estado, representante de los intereses del Estado en el juicio, no ha presentado el cargo de rebelión, sino el de sedición, más ligero y penado con un máximo de 12 años de prisión.
- Una tribuna para la ultraderecha -
Los separatistas quieren dar la imagen de que el proceso, que califican de "farsa", es en realidad un juicio político, y han previsto manifestaciones en Cataluña y Madrid, además de actos en Bruselas, Londres y Berlín.
"Estaremos ante un jurado popular que será el mundo entero, que seguirá el juicio y es a ellos a quien tenemos que convencer (...) éste no es un juicio a los líderes independentistas, es un juicio a la democracia", afirmó Álex Solà, el abogado del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, uno de los acusados de rebelión.
Más allá del tribunal, el proceso tendrá repercusiones en la política española, destaca el analista Antonio Barroso, de Teneo Intelligence.
"La cuestión catalana sigue siendo central en el debate político español. El juicio puede actuar como un recordatorio de lo que pasó en 2017, y esto será utilizado por parte de la derecha para criticar cualquier movimiento de Sánchez para negociar los presupuestos", explica Barroso.
En el poder desde junio pasado gracias entre otros al apoyo de los independentistas catalanes, el socialista Pedro Sánchez necesita sus votos para sacar adelante los Presupuestos de este año y seguir como jefe del gobierno español hasta 2020.
Una de las grandes especificidades del juicio es que el partido de ultraderecha Vox, el más virulento contra los separatistas, gozará de una tribuna política al figurar como acusación popular.
Esto será posible gracias a una particularidad del sistema jurídico español, que permite a cualquier ciudadano u organización actuar como acusador en defensa de la legalidad.
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