por Charlotte PLANTIVE
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en especial relacionados con leyes antiespionaje, lo que desató inmediatamente un debate con defensores de la libertad de prensa.
Estados Unidos responsabiliza a Assange de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación en 2010 de unos 750.000 documentos militares y diplomáticos.
También lo acusa de "conspirar" con la exanalista informática estadounidense Chelsea Manning, condenada en 2013 por originar la filtración.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, se sospecha que Assange ha "ayudado a obtener información confidencial sabiendo que podría utilizarse en detrimento de Estados Unidos y en beneficio de una nación extranjera".
Australia y sus partidarios siempre han sostenido que Assange no puede ser perseguido por publicar estos documentos, en virtud del principio de la libertad de prensa.
"Es una locura", reaccionó de inmediato la organización Wikileaks en Twitter. "Es el fin del periodismo en temas de seguridad nacional y el fin de la primera enmienda" de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, agregó.
La acusación "plantea una amenaza directa a la libertad de prensa y al periodismo de investigación", aseguró Reporteros sin Fronteras (RSF), mientras que la organización Freedom of the Press habló de "un gran peligro para los periodistas".
"El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista", aseguró el secretario adjunto de Justicia estadounidense, John Demers.
"Ningún periodista responsable publicaría deliberadamente los nombres de fuentes confidenciales en zonas de guerra, sabiendo que los expondría al mayor peligro", dijo.
- Secreto -
Assange, quien se encuentra en prisión en Reino Unido, fue arrestado el 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres, donde había estado refugiado desde hace siete años protegiéndose de una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Se refugió ahí en 2012, en parte para huir de la justicia estadounidense después de que Wikileaks publicara 250.000 cables diplomáticos y unos 50.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Este jueves, la cancillería ecuatoriana informó de su lado que pertenencias incautadas a Assange en su legación en Londres serían enviadas a la Fiscalía de Ecuador, que los analizará y decidirá si debe transmitir alguna información a la justicia estadounidense.
La filtración sin precedentes promovida por Assange fue aclamada por algunos estadounidenses, que elogiaron especialmente la denuncia de errores militares. Las autoridades, que denunciaron que la publicación presentaba un grave peligro para los agentes en terreno, iniciaron una investigación de inmediato.
Luego, durante la campaña electoral de 2016, Assange publicó correos electrónicos robados por hackers informáticos rusos a la campaña de la demócrata Hillary Clinton.
En 2017, Wikileaks publicó documentos comprometedores para la CIA, enfureciendo a su director Mike Pompeo, quien ahora ejerce como secretario de Estado. "Es un servicio de inteligencia no estatal hostil", dijo.
En 2018, un gran jurado finalmente inculpó a Assange por "piratería informática", cargo pasible de cinco años de cárcel.
Y en marzo de 2019, el gran jurado convocó a Manning, liberada después de siete años de prisión, para interrogarla sobre Assange.
El exsoldado Bradley Manning, quien se convirtió en mujer durante su detención, se negó a responder, criticando un procedimiento "opaco" y no democrático. Acusada de ser un "obstáculo" al buen funcionamiento de la justicia, la ícono de la comunidad transgénero fue enviada de regreso a prisión.
Los nuevos cargos pueden resultar en diez años de prisión cada uno.
¿Está en peligro la protección de los periodistas estadounidenses a raíz de la inculpación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por haber obtenido y publicado informaciones confidenciales?
Muchos juristas temen que sí y consideran que los reporteros podrían ser objeto de acciones penales por su búsqueda de fuentes.
Para evitar críticas de los defensores de los derechos de la prensa, el secretario adjunto de Justicia estadounidense, John Demers, alegó que Assange no es "un periodista".
"No es periodismo", abundó Ben Rhodes, exasesor del presidente demócrata Barack Obama, en el podcast "Pod Save the World". Según él, Assange "no está motivado por la transparencia (...) sino por objetivos muy precisos" y "actúa, al menos en los últimos años, como una extensión de la inteligencia rusa".
Los hechos que se le reprochan a Assange se remontan, sin embargo, a 2010, mucho antes de la campaña presidencial de 2016, en la que WikiLeaks publicó documentos internos del Partido Demócrata estadounidense obtenidos por los servicios de inteligencia rusos.
La inculpación del fundador de WikiLeaks es "problemática, no porque corresponda o no a la definición de un 'periodista', sino porque se le acusa de hacer exactamente lo que hacen los periodistas profesionales cada día: buscar, obtener y publicar informaciones importantes sobre nuestra administración", afirma Sonja West, profesora de derecho en la Universidad de Georgia.
- Dirección de la Corte Suprema -
"El problema no consiste en saber si Assange es un periodista, sino más bien en saber si está amparado por la primera enmienda" de la Constitución estadounidense, considera Floyd Abrams, abogado del bufete Cahill, Gordon & Reindell y experto en ese pasaje de la Carta Magna que protege la libertad de expresión.
La primera enmienda se cita en el mundo entero como la mejor protección de la libertad de prensa.
"Si Julian Assange es condenado (...), el problema es que no habrá ningún principio claro para distinguirlo de los medios generalistas respecto a la primera enmienda", explica Mary-Rose Papandrea, profesora de derecho en la Universidad de Carolina de Norte (UNC).
"No hay una buena definición de lo que es un periodista hoy en día", asegura. "Nunca hubo ninguna, pero con internet, todo el mundo puede ser periodista o una persona que recibe información de una fuente".
La inculpación plantea también la cuestión de los delitos castigados por la Ley de Espionaje, una ley votada en 1917 para impedir la filtración de informaciones confidenciales en tiempos de guerra. Ese texto ha sido la base de las acciones judiciales emprendidas contra Assange.
"Esto muestra hasta qué punto los periodistas son vulnerables ante esa ley", dice Sonja West. La admnistración Obama (2009-2017) persiguió más que cualquiera de sus predecesoras las filtraciones y quienes las originaron en su seno, pero no inculpó a ningún periodista y decidió no denunciar a Assange.
Antes, un puñado de personas, entre ellas al menos un periodista, había sido inculpado en virtud de la Ley de Espionaje por haber obtenido y difundido información clasificada, aunque las acciones judiciales nunca habían dado lugar a una condena.
Pero nunca se había imputado a un editor -si uno considera que Assange era el editor de WikiLeaks-, estuviera o no al frente de un órgano de prensa.
Papandrea cree que el caso Assange llegará a la Corte Suprema, que nunca se ha pronunciado sobre esta cuestión.
"Si Estados Unidos puede juzgar un sitio web extranjero (WikiLeaks tiene su sede en Islandia) por haber violado nuestras leyes sobre información clasificada, nada impedirá que China o Rusia hagan lo mismo", avisó Ben Wizner, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una importante oenegé estadounidense pro derechos humanos.
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