Venezuela, un país sumido ya en una larga crisis en todos los niveles, socio-político, económico y humanitario, y en un año de elecciones parlamentarias, le da la cara a la COVID-19 con un sistema sanitario colapsado, con escasez de productos básicos, con una caída en las remesas que envía su diáspora, con el retorno de sus desplazados y con las críticas a la falta de transparencia sobre el verdadero impacto de la pandemia.
Antes de la pandemia, Venezuela afrontaba una crisis que limitaba el movimiento hacia el exterior dado que solo se registraban cinco vuelos internacionales a la semana, lo que ralentizó la propagación del virus hasta la llegada de los expatriados.
El impacto de la COVID-19 y sus medidas de confinamiento, junto a la drástica caída de los precios del petróleo, se suman a la inseguridad alimentaria preexistente, ya que el poder adquisitivo de los venezolanos sigue deteriorándose y los alimentos importados son cada vez más caros.
Además, la pandemia ha supuesto una gran caída en las remesas que envían los venezolanos desde el exterior a sus familias, una carga adicional de los “retornados” para las familias venezolanas y la propagación de este coronavirus dentro de su vasto territorio, especialmente en su capital, Caracas.
Puntos destacados:
- Venezuela tiene más de 20,000 casos de COVID-19, aunque organismos como Human Rights Watch consideran que el gobierno no da las cifras reales.
- La pandemia y sus medidas de confinamiento, junto a la drástica caída de los precios del petróleo, se suman a la inseguridad alimentaria preexistente en Venezuela, al igual que el retorno – según cifras oficiales, de unos 60,000 venezolanos a su país de origen.
- Venezuela está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 (posición 180 de 195 países), situándose así entre los países menos preparados para mitigar la propagación de una epidemia.
Con 30 millones de habitantes, Venezuela, un país sumido en una profunda crisis socioeconómica, política y humanitaria, acumula más de 20,000 contagios confirmados de COVID-19 y al menos 169 fallecidos según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch al considerar que esconden una situación mucho peor.
Más allá de dudas, el propio mandatario Nicolás Maduro reconoce un incremento de casos, con Caracas convertida en nuevo epicentro tras desplazar al estado occidental de Zulia, fronterizo con Colombia, país que junto a Ecuador y Perú han acogido a miles de inmigrantes y desplazados que tras el golpe de la COVID-19 han comenzado a retornar a pie, tras perder sus precarios medios de subsistencia, a Venezuela.
Un estudio de la Academia de Ciencias de Venezuela advirtió al principio de la pandemia que Venezuela debe prepararse para que el pico de la pandemia llegue entre los meses de junio y septiembre, con entre 1,000 y 4,000 nuevos casos diarios.
"En Venezuela, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio. Sin embargo, no parece factible que la epidemia detenga su avance", señala el informe.
Respuesta temprana y cuarentena radical
Desde el 1 de junio el gobierno socialista aplicaba un esquema de confinamiento que llama "7+7", que alterna siete días de cuarentena estricta, en la que se obliga a cerrar todos los comercios salvo los de sectores "esenciales" como alimentos o salud, con siete de flexibilización que permiten reactivar el resto de las actividades.
Pero a finales del mes pasado, Maduro anunció un confinamiento “radical” en Caracas y los vecinos estados del litoral central de Miranda y Vargas, así como los estados fronterizos occidentales de Zulia y Táchira (ambos con Colombia), el estado fronterizo de Bolívar (al sur, frontera con Brasil), así como Sucre (Trinidad y Tobago) por la COVID-19.
La "radicalización" de la cuarentena obliga al cierre de negocios salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados "esenciales".
En Caracas, los accesos de la autopista Francisco Fajardo, que atraviesa de polo a polo esta ciudad de 6 millones de habitantes, tienen paso restringido por muros de cemento o vehículos policiales y militares que tapan vías, en un intento de las autoridades de reducir la circulación entre municipios y frenar al nuevo coronavirus.
"A veces dan cancha libre y todo el mundo pasa, otros días amanecen más estrictos", cuenta Richard en Catia, una zona popular próxima al palacio presidencial de Miraflores en la que viven unas 600,000 personas. Conos de tránsito naranjas marcan allí los límites de alcabalas policiales en sus principales vías, igual que en otros barrios humildes como El Valle o Petare.
Buscando precios bajos en este país en crisis, con hiperinflación y seis años de recesión, este mesonero de 40 años camina unas seis cuadras para llegar al mercado y comprar la comida del día. Los comercios funcionan con horarios reducidos.
Un hombre recoge agua de una tubería rota en Caracas, Venezuela. Source: AAP Image/EPA/RAYNER PENA R
El jueves, "me hicieron devolverme" a casa. "Fui a comprar unas patas de pollo y ya habían cerrado", lamenta.
Las barreras de la autopista se extienden hacia Plaza Venezuela, un punto clave con salidas hacia diversos puntos de la capital. Estructuras de cemento pintadas de amarillo obstaculizan el paso en las proximidades de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país.
Sigue habiendo movimiento callejero con gente que, como Richard, sale a comprar alimentos como harina de maíz (base de las tradicionales arepas), pero los bloqueos se ampliaron desde el 15 de julio, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó reforzar en Caracas y varios estados la cuarentena vigente desde mediados de marzo.
La COVID-19 añade más pobreza
La crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde cuatro de cada cinco familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria, según un estudio de las principales universidades venezolanas.
Por otro lado, las interrupciones en el suministro de agua también son frecuentes en muchas partes de Venezuela. La escasez de agua imposibilita seguir el consejo básico de lavarse las manos con frecuencia para prevenir los contagios.
El agua le falta a Jesús Piñero, de 26 años, quién trabaja como profesor de historia universal y vive en Petare -la mayor barriada popular del país y escenario de balaceras frecuentes- un lugar que describe como lo más cercano “a una guerra”.
"¿Qué quisiéramos nosotros? DirecTV [compañía de televisión satelital que abandonó Venezuela con gran revuelo a raíz de las sanciones financieras de Estados Unidos], internet, que no se vaya la luz, que tuviéramos agua directa", enumera a la agencia AFP, al recalcar que lo que más desea es “volver a dar clases en mi salón”.
Según la ONU, antes de la crisis y en el período comprendido entre julio y septiembre de 2019, en Venezuela 9,3 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y necesitados de asistencia, una situación que convirtió al país sudamericano en la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo durante el año pasado.
Sistema sanitario colapsado
Venezuela ha recibido ayuda y donaciones de países como China, Cuba, Irán y otros organismos y donantes para afrontar esta crisis.
La Organización Panamericana de la Salud lo considera que Venezuela es uno de los países de América Latina más vulnerables frente a la pandemia. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hospitales, que elabora anualmente la organización Médicos por la Salud, detectó importantes carencias en los centros médicos.
Más de un 53% de los hospitales no contaban con mascarillas, lo que agrava el riesgo de que los profesionales sanitarios se conviertan en grandes difusores del virus.
La escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica.
Doctors, nurses and public hospital staff protest to demand better wages, medicines and medical supplies in Caracas, Venezuela, 02 August 2018. Source: AAP Image/EPA/Cristian Hernandez
Un estudio de la organización humanitaria International Rescue Committee (IRC) señala que no hay equipos esenciales ni medicamentos en alrededor del 90 por ciento de los hospitales. Además, el agua escasea y solo hay 84 camas de cuidados intensivos en todo el país.
Se teme que en Venezuela la tasa de mortalidad termine siendo mayor, a media que no haya capacidad para brindar atención de alta complejidad debido a la falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores.
Los “retornados” estigmatizados
De acuerdo con las cifras que baraja la Plataforma de Coordinación para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, en junio de 2020, había 5,2 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en la región, de los cuales miles de ellos han retornado a su país de origen, incluso a pie.
En mayo pasado, Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar tras un plan para infectar de forma intencionada con COVID-19 a sus compatriotas que retornan al país.
Según la organización Human Rights Watch, los retornados venezolanos no solo se encuentran en riesgo mientras esperan que se les realice la prueba. Aquellos que regresan y tienen un resultado de anticuerpos negativo en la prueba rápida, deben aislarse en un Puntos de Atención Integral Social (PASI).
“En teoría, esta es una medida razonable ya que la prueba rápida de detección de anticuerpos que se utiliza para evaluarlos puede dar falsos negativos durante la primera etapa de la infección, que es la más contagiosa”, precisó la ONG crítica a la gestión de Maduro.
El 8 de junio, Maduro dijo que los retornados eran “irresponsables” y que sus familias y vecinos debían reportarlos. Asimismo, Maduro comentó que estos inmigrantes retornados estaban “contaminando a importantes sectores de todo el país”, mientras que otras autoridades se han referido a los retornados como “fascistas”, “golpistas camuflados” y “armas biológicas” enviadas a Venezuela.
Los venezolanos retornados, que sufren discriminación y condiciones paupérrimas en su país, no solamente han provocado contagios tras su llegada a Venezuela, sino que además suponen una carga adicional a las familias ya empobrecidas.
Source: AAP
Caída en las remesas El flujo de remesas a Venezuela ha disminuido considerablemente como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2020 (ENCOVI), el 10% de los hogares venezolanos reciben dinero de sus familiares que emigraron, un 57% de estos son pobres, y el 37% tiene entre 40 y 59 años.
En marzo de este año, al inicio de la pandemia, la reducción del envío de remesas se ubicó en 75%, de acuerdo con la firma Ecoanalítica.
El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, indicó en mayo pasado que mientras que en 2019 se llegó a un récord de $3,500 millones en remesas, este año se espera recibir entre $1,800 y $2,000 millones con lo cual se proyecta una caída del 42% de las remesas en el 2020.
Esto representará un importante impacto, en especial para las familias cuyo ingreso mínimo se encuentra por debajo de los 5 dólares mensuales y dependen de estas remesas para sobrevivir en Venezuela, en donde la inflación acumula en lo que va del año más del 340 por ciento, mientras la interanual sobrepasa los 3,500 por ciento.
Cuestionan la transparencia del gobierno de Maduro
Un reciente estudio de “Human Rights Watch-Johns Hopkins” remarca que la tasa real de mortalidad de la COVID-19 es desconocida y es probable que varíe según la edad, los problemas de salud preexistentes y la disponibilidad de tratamiento, entre otros factores.
Venezuela no publica un boletín epidemiológico desde el año 2015 y desde el inicio de la pandemia no hay información detallada con respecto al suministro de las pruebas, por lo que se duda de las cifras que da el gobierno en torno a los casos y muertes, a pesar de que la administración de Nicolás Maduro decretó una cuarentena nacional para prevenir los contagios con coronavirus antes que otros países en Latinoamérica.
A principios del mes pasado, la oposición venezolana acusó al gobierno de Nicolás Maduro de ocultar la cifra real de casos positivos y la data de mortalidad por coronavirus
Según el diputado opositor José Manuel Olivares, exiliado en Colombia desde finales de 2018, en Venezuela han muerto muchas más personas por complicaciones derivadas de la enfermedad que lo que reportan las cifras oficiales.
Olivares también pidió que se descentralice el análisis de las pruebas para detectar el virus, que se realizan en la actualidad en una sola institución en el país, para realizar diagnósticos tempranos.
Olivares también dijo que la tasa de contagio en los estados fronterizos es mayor en las ciudades venezolanas que en las colombianas, por cuanto puso en duda que la mayoría de los contagios en el país, tal y como lo ha señalado el propio Maduro, tengan un origen "importado".
Coronavirus en Venezuela Source: AAP Image/AP Photo/Ariana Cubillos
"Los venezolanos que vuelven a nuestro país -casi 60.000, según dice el Gobierno- se enferman en territorio venezolano", aseguró.
Contradecir las cifras oficiales conlleva el riesgo de ser un perseguido político en Venezuela.
Tal es el caso de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) que recibió amenazas por publicar el primer reporte científico sobre la COVID-19 en el país.
En el informe se alega que "las pruebas realizadas hasta ahora en Venezuela son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia, y que con los datos disponibles hasta el momento el escenario de una epidemia bajo control con una curva aplanada es improbable".
José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad, dijo al medio alemán DW que "el informe de ACFIMAN maneja dos escenarios que ellos han estudiado y estiman que el número de casos que se pueden producir pudieran llegar a mil casos al día o incluso a cuatro mil casos por día".
Elecciones en momentos de crisis
En momentos en que aumentan los casos de COVID-19 y en plena emergencia sanitaria, el gobierno de Maduro se propone seguir adelante con las elecciones legislativas con un Consejo Nacional Electoral fueron seleccionados al margen del Legislativo, que es de mayoría opositora.
“Ya arrancó el proceso convocado para el 6 de diciembre de este año para que el pueblo elija con su voto una nueva Asamblea Nacional”, dijo Maduro, al prometer una elección a “puertas abiertas” para velar por su pulcritud y estrictas medidas sanitarias para permitir la participación de todos los electores en condiciones seguras.
“Nosotros estamos... con la mente puesta en la movilización, en la organización a pesar de la pandemia”, agregó Maduro, quien confía que “esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar, esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea Nacional”, cuya mayoría abrumadora perdió el oficialismo en 2015.
El domingo, los principales partidos de oposición de Venezuela acordaron no participar en los comicios parlamentarios, tras considerar que el proceso es un "fraude" que impide una "elección libre y competitiva".
"Las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro", indica el texto suscrito por 27 organizaciones.
Ello, "habiendo agotado todos nuestros esfuerzos" para "un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo", añadió el escrito, donde se asienta el "respaldo" a la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, y al jefe parlamentario, Juan Guaidó.
Juan Guaido, left, Venezuela’s opposition leader, and President Nicolás Maduro. Both men have debatable claims to legitimacy as the country’s leader. Source: Getty Images
Desde la jefatura del Parlamento, Guaidó reclamó en enero de 2019 la presidencia encargada de Venezuela, con el reconocimiento de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos; luego de que la mayoría opositora de la cámara declarara "usurpador" a Maduro acusándole de haber sido reelecto en 2018 de manera fraudulenta.
La oposición acusa a Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, de usar "el control que ejerce sobre todos los poderes públicos" para acabar" con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva".
También rechazan la designación, el 12 de junio pasado, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea chavista- de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) encabezada por Indira Alfonzo, una exmagistrada sancionada por Canadá
